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Las muertes maternas bajarían un 73% si se invertirían $247 por persona

Se trata de un cálculo realizado por la Comisión de expertos del Instituto Guttmacher de Estados Unidos y la revista británica de salud pública “Lancet” en un estudio sobre derechos y salud sexual y reproductiva. La suma de dinero debería ser usada en la atención prenatal, el parto y el postparto, en la provisión de anticonceptivos modernos y en el acceso al aborto seguro en países en desarrollo.

Si un país como la Argentina invirtiera 247 pesos por año por persona en las necesidades de anticoncepción, embarazo, parto, y aborto seguro, el número de embarazos no planeados y el número de muertes maternas se reducirían en más del 73% en tan solo un año.

Así lo calcularon 16 expertos en derechos y salud sexual y reproductiva de la Comisión conformada por la prestigiosa revista de salud The Lancet y el Instituto Guttmacher, que se dedica la investigación científica sobre salud sexual y reproductiva en los Estados Unidos. El informe fue presentado en un auditorio del Senado de la Argentina, donde el 8 de agosto próximo se decidirá si se permite la interrupción voluntaria del embarazo de manera legal.

El reporte fue realizado por expertos de todos las regiones del mundo, que revisaron estadísticas y trabajos científicos sobre el estado de situación de los derechos sexuales y reproductivos.

“Entre otras conclusiones de nuestro informe, se puede resaltar que en países en desarrollo, como la Argentina, donde la tasa de mortalidad materna es casi tan alta como la de Irak, es clave que se garantice el acceso a los servicios esenciales. Con una estimación global de tan sólo 247 pesos argentinos -en promedio-, se cubrirían las necesidades de anticoncepción moderna, la atención de la embarazada antes y durante el parto, la atención del recién nacido, y el aborto seguro si la mujer decidiera esa opción”, dijo Laura Laski, médica sanitarista argentina, ex jefa de la subdivisión de salud sexual y reproductiva de del Fondo de Población de Naciones Unidos, y una de las expertas que participó en el informe.

“La mitad de los 247 pesos estimados ya se está aplicando para cubrir el costo de los niveles actuales de atención y la inversión adicional generaría enormes beneficios”, subrayó a Infobae la doctora en sociología Susheela Singh, vicepresidente de investigación internacional del Instituto Guttmacher y una de las coautoras del informe publicado en inglés en la revista de salud pública The Lancet. Al realizarse esa inversión por persona, la Comisión estimó que el porcentaje de embarazos no planeados bajaría en un 64%, los nacimientos no planeados en un 67%, y los abortos inducidos en el 67% en tan sólo un año.

Todas las medidas sugeridas se enmarcan en una nueva definición de la salud y los derechos sexuales y reproductivos que la Comisión presentó a los gobiernos, las agencias de Naciones Unidas, y la sociedad civil, en base a numerosos acuerdos internacionales y regionales. Afirma que la “salud sexual y reproductiva es un estado de bienestar físico, emocional, mental y social en relación con todos los aspectos de la sexualidad y la reproducción”.

No es sólo la ausencia de enfermedad, disfunción o dolencias. Significa que cada persona tiene que ser respetada por su cuerpo de manera integral, en su privacidad y en su autonomía personal; que puede decidir libremente su orientación sexual y la identidad y expresión de género. Además, reconoce que cada persona puede decidir si ser sexualmente activa y cuándo serlo. Que puede elegir a sus parejas sexuales, tener experiencias sexuales seguras y placenteras. Que puede decidir casarse o no, cuándo hacerlo y con quién. Que puede decidir si quiere tener hijos, cuándo y de qué manera tener uno o más hijos. Además, cada persona tiene derecho a tener acceso a lo largo de sus vidas a la información, los recursos, los servicios, y el apoyo necesario para lograr sus decisiones, libre de discriminación, coerción, explotación y violencia.





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