viernes, septiembre 20, 2019
Opinión

Opinión: “Un Código aprobado que seguirá siendo resistido”

Opinión: “Un Código aprobado que seguirá siendo resistido” en opinion
Opinión: “Un Código aprobado que seguirá siendo resistido” en opinion


Por Fernando Latrille

El acto consumado de aprobación del Código de Ordenamiento Urbano y Territorial (COUT) deja claro que el Concejo Deliberante hace tiempo dejó de ser honorable desde aquel 2005 que puso en remate una plaza pública impedida esa aberrante  decisión cuando fue anulada por el poder judicial luego de que ciudadanas y ciudadanos defendieran ese espacio.

En el caso  de la aprobación del COUT en la noche del jueves 16 de noviembre no tuvo nada de honorable cuando su tratamiento no estaba dentro de los temas a tratar por el cuerpo deliberativo ese día, lo que se conoce como “orden del día”,  difundido por la propia secretaría del Concejo Deliberante a los medios para que den a conocer los temas a tratar a la sociedad.

Dicha decisión, de incorporar el tema luego de un cuarto intermedio por parte del médico Rómulo Despósito, evidenció el deseo de aprobar el controversial COUT a espaldas de una parte movilizada del pueblo que lo rechaza y así lo ha manifestado en diferentes ocasiones con respecto a los lugares que pasarían a formar parte con su aprobación como zona industrial a contramano de aquel Ramallo turístico que la política se ocupó en señalar en diferentes gobiernos protegiendo las costas.

Es oportuno señalar que concejales de Cambiemos ya venían votando por la instalación del puerto en la zona conocida como Tonelero y que desde el año 2011 se viene intentando con absoluta desprolijidad cambiar zonas rurales por industriales a medida de los emprendimientos privados que son los que le piden a la política que hagan las modificaciones correspondientes para poder explotar la zona. La urgencia de los negocios privados fue lo que reinó y no un plan estratégico de desarrollo del Ramallo que queremos.

Los nueve concejales que decidieron alzar sus manos para su aprobación con los votos por parte del FpV de Jorge Farías; María Luisa Herrera; Marta Gómez; María José Mendiburu y Ricardo Gorostiza; por Cambiemos  Silvio Gaeto; Roberto Borselli; Héctor Sbuttoni y Rómulo Desposito.  Quienes se opusieron fueron  Jordana Dentone de Progrsistas; Gabriela Lourenco y Paula San Filippo de Cambiemos. Por el FpV Luis Onofri y Elvio Zanazzi. Ausentes estuvieron la concejal Patricia Gómez y Sergio Romá y Ricardo Belos presidente del Concejo de vacaciones.

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La decisión concretada no traerá inmediatamente la homologación de la provincia porque como se ha señalado en numerosos artículos por parte de quien escribe, desde hace al menos seis años, la judicialización es algo que no se puede obviar en cualquier análisis que se pretenda hacer del tema. No porque vendrá sino porque ya está judicializado lo que es Tonelero.

El COUT aprobado no es razonable al industrializar el humedal cuando la tendencia actual es la protección; tampoco el cambio propuesto puede ser entendido como normal, por la magnitud de la industrialización que se pretende de la costa de Ramallo, por el desequilibrio que genera vulnerando la garantía constitucional de un ambiente sano y equilibrado (artículo 41 de la Constitución Nacional).

Es posible que un grupo no menor de ciudadanas y ciudadanos de Ramallo terminen por organizarse para realizar una presentación colectiva haciendo uso del departamento judicial de San Nicolás, buscando que se les otorgue un abogado defensor por parte del Estado para que los represente ante violaciones a normativas que como único fin garantizan el uso del suelo para excesos especulativos sin asegurar la preservación del medio ambiente y sin haber garantizado una verdadera participación ciudadana a la hora de la discusión del Código de Ordenamiento Urbano y Territorial.

Como lo señaló Eduardo Reese, arquitecto y especialista en planificación y gestión urbana y regional, corresponsable técnico y asesor de planes y proyectos urbanos en más de 30 ciudades argentinas, director del área de Derechos Económicos, Sociales y Culturales del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), en julio de este año a quien escribe expresaba que era fundamental pensar  “en una convivencia posible en el cual el uso del suelo en actividades económicas pueda ser a todas luces compatible y tener todas las regulaciones y reglamentaciones necesarias para que no afecte al medioambiente, al paisaje, etc. Para eso es necesario tener un código urbanístico muy actualizado y sobre todo, y particularmente, muy participativo”, algo que a todas luces se ha evitado.




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